Efectivos en la Administración

Galicia perdió 4.300 empleos públicos en siete años, de las que más en España

Cantabria tampoco convocará oposiciones este año, como otras 11 comunidades

En enero del 2010, con la crisis haciendo su trabajo a tiempo completo, Galicia contaba con 91.190 efectivos en la Administración autonómica. A finales de julio del año pasado eran 86.818, casi un 5 % menos, lo que la convierte en la quinta comunidad española que más redujo su porcentaje de efectivos autonómicos vinculados, en esencia, a la sanidad, a la educación y a la propia Xunta. La reducción de personal público en el conjunto de las comunidades fue de un 3,7 %, y las que más acusaron la desaparición de plazas fueron Castilla-La Mancha (-10,8 %) y Murcia (-9,7 %).

Según un informe realizado por Adams, empresa de formación con presencia en Galicia y en las principales ciudades españolas, y que coincide con los datos que maneja la Xunta, el peso de los funcionarios vinculados a la sanidad y la educación es coincidente, un 39 % del total, mientras que los empleados públicos que trabajan para la Administración general y sus organismos representan 18,4 %; los de Xustiza son un 2,94 % del total. 

Galicia ocupa el sexto puesto en número de empleados públicos por cada mil habitantes si se tienen en cuenta las Administraciones estatal, autonómica, local y las universidades. Así, la comunidad gallega requiere 54 funcionarios por cada mil habitantes para atender servicios como la sanidad, la educación a todos los niveles o la seguridad, lo cual está en la media nacional y se equipara con Andalucía, mientras que Cataluña es la que tiene una ratio menor, con tan solo 40. Al margen de Ceuta y Melilla, cuya proporción se dispara por sus especiales características, Extremadura es la comunidad que tiene más plazas públicas cubiertas y 80 de cada mil habitantes son funcionarios.

Galicia y Madrid, en el limbo

Mientras tanto, el sainete sigue en las oposiciones de educación. Como estaba previsto, Cantabria ha anunciado que tampoco convocará este año, con lo que ya son 11 las comunidades que han desistido de su oferta de empleo público. En el limbo permanecen tan solo Galicia y Madrid. Y Galicia seguirá adelante cuando haya cobertura legal para su convocatoria. El conselleiro Román Rodríguez insistió ayer, una vez más, en que «queda marxe» para llevar adelante dicha convocatoria, que el plazo se puede apurar hasta mediados de abril y que les consta que «dende o ámbito estatal se está traballando nesta liña». Además, recordó que la situación gallega es distinta a la de Asturias y Cantabria: el idioma propio limita la avalancha de opositores.

Tomaba el conselleiro la palabra poco antes de que la CIG se concentrase ante la consellería para exigir la inmediata convocatoria de oposiciones y el fin de una situación «perversa e indecente» en la que se está «xogando cos opositores», denunció Anxo Louzao. Su posición ha sido respaldada por el resto de las organizaciones sindicales: Verísimo Pazos, de CC. OO., defiende que el Gobierno se tiene que aclarar y solucionar la «incerteza» de los opositores; Paula Carreiro, de UGT, exige que la decisión se tome este mes. El sindicato ANPE ya había establecido la línea roja en la semana pasada para que la Xunta diga si habrá o no oferta pública de empleo.

Una oferta que incluye 23 plazas en conservatorios que han sembrado la discordia. Los socialistas pidieron ayer que Educación deje de «vetar» a los interinos y saque plazas y acusó a la Xunta de usar argumentos «falaces» como que hubo una mala planificación en las plazas.

Más puestos para las fuerzas de seguridad, los trabajos sociales y la enfermería

El futuro del empleo público está... donde diga la Xunta. La Administración autonómica y los sindicatos de función pública han mantenido reuniones en las últimas semanas para reactivar las ofertas de empleo de la Administración general y la consolidación de puestos, y la perspectiva inicial -las negociaciones están verdes- permiten vislumbrar una «aceptable» convocatoria enmarcada en la presente legislatura 2016-2020. Desde las centrales ven con cierto escepticismo estos movimientos, ya que tal como denunció recientemente el sindicato CSIF, desde el 2012 la Consellería de Facenda mantiene bloqueadas un 76 % de las plazas de empleo público ofertadas. De 1.333 puestos, solo 43 tomaron posesión. Entre estos, había sobre todo trabajo para los técnicos, especialmente en la Administración Especial: Montes, Saúde Laboral, Obras Públicas, Biólogos, Químicos... un perfil eminentemente científico en el se cuelan un puñado de especialistas en bibliotecas y museos y una docena de letrados. «Moito técnico e pouco remeiro», denuncian desde la central, que tiene localizados tres sectores prioritarios para ampliar las plazas públicas: en educación no docente faltan limpiadores, cuidadores y personal de cocina, igual que ocurre en el ámbito de los servicios sociales, donde se echan en falta enfermeros y auxiliares -en residencias-, ordenanzas y camareros. La integración del Consorcio de Benestar elevará a 2.800 las plazas que, a juicio de los sindicatos, deberían cubrirse en los próximos años. También empieza a ser urgente desbloquear la situación laboral en el medio rural, esencialmente en todos los puestos vinculados a la lucha contraincendios, donde habría «necesidade» de mil plazas estables, denuncian.

Desde el sector de la formación también suman a este supuesto caladero de puestos públicos en los próximos años a todos aquellos vinculados con las fuerzas de seguridad. Carmen Amor, directiva del federación de academias de Galicia, advierte que la dinámica de jubilaciones en estos cuerpos abrirá buenas expectativas en breve, y advierte del sensible cambio de perfil de los alumnos que deciden opositar: «Antes entraban por la puerta los que estaban en paro. Ahora mucha gente tiene trabajo, pero es tan precario que siguen buscando la estabilidad», señala.