El exsecretario de la CEG le reclama 280.000 euros como indemnización por su despido

El caso amenaza con abrir otro agujero en la patronal gallega

Después de 16 años en el cargo y casi 30 trabajando en la patronal gallega, Fausto Santamarina fue despedido el pasado mes de octubre como secretario general de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), un puesto en el que percibía una retribución anual superior a los 100.000 euros brutos anuales. La decisión fue adoptada por el comité ejecutivo -es decir, por los cuatro vicepresidentes, justo después de que dimitiera el entonces presidente de los empresarios, Antonio Dieter Moure.

Este último cayó por la falta de apoyos, y quienes lo dejaron caer esgrimieron su incapacidad para aplicar el plan de viabilidad, que proponía despidos y rebajas salariales. Entre ellos el de Fausto Santamarina, cuyos emolumentos anuales suponían una gran parte del gasto total en sueldos de la CEG, y que la patronal se había propuesto rebajar un 30 %.

Los cálculos iniciales apuntaban a que la indemnización de Santamaría costaría unos 83.000 euros, pero aquella estimación, como era previsible, no fue aceptada por el despedido. Desde el otoño no ha habido acuerdo en las diferentes negociaciones y ahora se está a la espera del juicio, que ha quedado aplazado y cuya fecha está sin fijar. Hasta entonces, hay tiempo para llegar a un entendimiento, pero no es muy probable en las próximas fechas. Fausto Santamarina, según las fuentes consultadas, está reclamando una indemnización de en torno a 280.000 euros, cuando la CEG ofrece algo más de 200.000 (cantidad que incluye los algo más de 83.000 ya abonados al despedido).

La paradoja de todo este proceso es que, a la espera de ver cuál es el desenlace, lo que era un plan de ajuste para mejorar la viabilidad económica de la patronal puede terminar convirtiéndose en un agujero y en un problema económico para las maltrechas arcas de la CEG, cuyas cuentas no están para abonar precisamente indemnizaciones tan elevadas.

La patronal está a la espera de lograr la financiación definitiva con la firma de la hipotecad de su sede por 1,3 millones de euros, un trámite que el presidente de los empresarios, Antón Arias, da por seguro, pero que todavía no se ha concretado. El futuro de la organización de empresarios se encuentra en manos de los bancos. Pero no es nada nuevo. De hecho, la patronal ya pudo sortear in extremis el verano pasado el concurso de acreedores gracias a Abanca, que le concedió un crédito de 600.000 euros avalado por la Xunta con cargo a futuras subvenciones. 

Fractura interna

Elegido a finales del pasado mes de enero como nuevo presidente, el constructor coruñés Antón Arias tiene ante sí también el difícil reto de intentar unir a una patronal que se encuentra fracturada entre el norte y el sur, con los empresarios de Pontevedra ausentes de los órganos de dirección. Una decisión inédita hasta ahora y de incierto desenlace. Por ahora, de forma provisional, ejerce como secretario general Jaime López, de Lugo, un hombre que fue apoyado y propuesto en su día por Antonio Fontenla y que genera cierto rechazo.