Más de cien banqueros están procesados por desmanes que costaron 4.000 millones
Anticorrupción investiga cuatro operaciones en las cajas gallegas tras descartar otras nueve sospechosas
Esas operaciones cuestionables superan los 4.000 millones de euros, según la recopilación de datos que han ido ofreciendo la Audiencia Nacional y el FROB, el fondo público de rescate que ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción casos de Caja Madrid, Caixa Galicia, Caixanova, Caixa Catalunya, Sa Nostra, Bancaja, Caja Granada...
Y otras anteriores de CCM o la CAM. Un goteo constante, hasta ayer mismo.La mala praxis bancaria, según el informe del Tribunal de Cuentas, ha costado a España bastante más que esos 4.000 millones: suman unos 120.000 entre avales del Estado, garantías ante quebrantos futuros en entidades subastadas, y la propia inyección de fondos de la UE.
Aparentemente, la respuesta judicial ha sido de mucho ruido y pocas nueces. De todos esos directivos procesados, ese centenar largo, solo cinco, todos vinculados a Caixanova (con Gayoso y Pego al frente), han terminado en prisión. Para el la condena ha sido a dos o menos años de prisión; o simplemente una sanción. Penas de las llamadas de Telediario. Caso de Hernández Moltó, el presidente de la primera caja intervenida, la de Castilla-La Mancha. Similar para las black de Caja Madrid, donde 65 directivos, entre ellos Blesa y Rato, tuvieron castigos casi simbólicos.
Pero en esa relación del centenar largo de procesados no están todos los que fueron. Va a crecer. Aún quedan por pasar, y ser juzgados, quienes encabezaron la CAM, un agujero negro en el sistema bancario. Y quizá nuevos directivos de las cajas gallegas. Porque, según explican fuentes judiciales, hay cuatro procesos judicializados tras denuncias del FROB, dos de Caixa Galicia y otras dos de Caixanova. Alguno puede terminar en la Audiencia Nacional si Anticorrupción ve materia para ello tras meses de investigación. Están ahí las millonarias pérdidas de Astroc o una inversión inmobiliaria en Rivas-Vaciamadrid. Otras investigaciones, todas vinculadas al ladrillo, han terminado en el cajón; otras nueve operaciones cuestionables o se han archivado por falta de pruebas o han prescrito directamente, según las fuentes. Entre el 2014 y el 2015, el FROB remitió a la Fiscalía 13 inversiones que provocaron un quebranto de 988 millones en una entidad cuya reestructuración costó más de 9.100.
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