Parches para una crisis láctea sin fin
Las medidas activadas demostraron ser insuficientes para revertir la caída de precios y paliar las dificultades de las granjas
Vacas en una sala de ordeño de una explotación láctea. AEP
La batalla de las explotaciones gallegas se centraba en poder vender su leche bajo el amparo de un contrato negociado con las industrias que les garantizase un precio y un volumen de recogida durante al menos un año, como estableció el paquete lácteo europeo lanzado en 2012, cuando irrumpió con fuerza la crisis que lleva ya dos años lastrando la rentabilidad de muchas granjas e hizo que los problemas de fondo se agravaran. Fue en los primeros compases de 2014 cuando los precios en origen emprendieron una senda de descenso a medida que se acercaba la temida eliminación de las cuotas. De cobrar el litro a más de 39 céntimos de media durante unos meses, los ganaderos pasaron a percibir 12 menos en los mejores casos y fueron surgiendo las limitaciones para producir más y los problemas en la recogida.
¿Qué medidas han tomado durante esta odisea la Comisión Europea, el Gobierno central y la Xunta para ayudar a las explotaciones, mitigar los desequilibros de un mercado supuestamente saturado de leche y fortalecer el sector? A grosso modo, se concedieron ayudas dirigidas a mejorar la liquidez de las granjas, se anticiparon las subvenciones de la PAC, se trató de reducir excedente con compras públicas y almacenamiento privado de lácteos y se auspició un acuerdo entre las tres patas del sector en España para equilibrar el reparto de beneficios en la cadena y poner coto a la banalización del producto. ¿Han sido efectivas estas acciones? Las organizaciones agrarias consideran que, aunque unas lo fueron más que otras, en general, resultan insuficientes para enfrentar una crisis en la que no se ve la salida.
Ayudas de la UE y España para dar liquidez a las explotaciones
Al margen de adelantarse unos meses el pago de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), en 2014 no hubo acciones destacadas. Fue a mediados de septiembre de 2015, más de un año después de comenzar el desplome de los precios, cuando el Ejecutivo comunitario anunció el reparto de 420 millones entre los estados miembro para que los inyectasen en todas las explotaciones como una ayuda excepcional. A España le tocaron 25,5 millones y el Ministerio de Agricultura dio a los ganaderos 1,07 céntimos por cada kilo de leche vendida entre abril y junio de ese año, un dinero que algunos sindicatos tildaron de parche.
Al mismo tiempo, Bruselas permitió a los países conceder ayudas complementarias con cargo a sus presupuestos y España usó esa posibilidad para tratar de aliviar la situación de las explotaciones sin ningún margen de beneficio. Estableció que aquellas que cobrasen menos de 25,9 céntimos por litro entre abril y junio recibirían 300 euros por vaca, 110 si el precio se situaba entre ese umbral y 28,5 céntimos, sin Iva. El tope por granja se fijó en 10.000 euros.
Desde Upa consideran que estos apoyos "han permitido aportar liquidez y han evitado la desaparición de muchas explotaciones". No obstante, señalan que una parte considerable de las beneficiarias aún no han recibido alguna de las ayudas "por problemas de gestión internos de las comunidades". Con la soga al cuello, los productores dieron la bienvenida a ese dinero, pero lo que querían era la subida de los precios, una reivindicación que los sacó a las calles de Santiago y Lugo el pasado verano y los llevó a protestar a las puertas de industrias y distribuidoras.
Auxilio para las granjas que deben dinero a los bancos
También el año pasado, Gobierno central y Xunta activaron apoyos para explotaciones atrapadas en créditos por planes de mejora e incorporación, endeudadas aún por la compra de cuota o por las inversiones realizadas en instalaciones y maquinaria en épocas de precios elevados. Las acciones consistieron en el establecimiento de plazos de carencia en la devolución de préstamos o en la aportación de las garantías requeridas por los bancos, entre otras opciones. Los representantes de los ganaderos saludaron esta ayuda, asumiendo que no sería la panacea.
Primer acuerdo entre industria, distribución y la parte sindical
Más allá de lo económico, una de las acciones más sonadas de 2015 fue el acuerdo que a finales de septiembre sellaron en Madrid medio centenar de industrias y cadenas de distribución, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias, y al que recientemente se unió Upa. En él, la distribución se comprometió a identificar el origen de la leche en los briks y a no usar la leche como un producto reclamo a bajos precios, si bien los sindicatos destaparon algún caso desde entonces. Las empresas de recogida prometieron trasladar al ganadero cualquier revalorización de los importes que les pagan los hipermercados –y que desde este mes tienen que comunicar al ministerio–, pero los precios medios en origen apenas han variado. La parte productora asumió el reto de integrarse en organizaciones cuanto más grandes mejor para ganar poder de negociación, aunque nada ha cambiado en este plano. La conclusión es que el desarrollo del acuerdo ha sido lento, parcial y poco efectivo hasta el momento.
Las fórmulas de la CE para retirar leche del mercado
Bruselas achacó la bajada generalizada de los precios en la UE a un exceso de leche alimentado por el incremento de la producción tras el fin de las cuotas y una demanda que no cumplió sus expectativas. Para tratar de reducir el excedente y frenar así el desplome de los precios, apostó por la intervención pública y el almacenamiento privado de derivados lácteos. La primera vía permite a los estados comprar leche en polvo y mantequilla con fondos europeos para sacarla del mercado, pero el problema es que se paga a solo 18 céntimos el litro. "A un precio tan bajo no constituye una verdadera red de seguridad para el sector", sostienen desde Upa. Pese a que países como España pidieron su subida, el Ejecutivo comunitario se negó. La otra opción consiste en ofrecer ayudas a los operadores para retirar mantequilla durante un tiempo. Aunque se echó mano de estas medidas como nunca, carecen de potencia suficiente para normalizar los precios.
Fracaso de la reducción voluntaria de la producción
El último paso dado desde Bruselas fue permitir que dentro de cada país las interprofesionales u organizaciones de productores impulsasen acuerdos para que los ganaderos redujesen de forma voluntaria la producción durante unos meses, pero ha sido un fracaso. Ningún país ha hecho uso de la medida. En España se llegó a valorar, pero la Inlac le cerró la puerta por no aplicarse de forma conjunta en la UE, no venir acompañada de presupuesto para su puesta en marcha ni de la posibilidad de que la interprofesional utilice dinero de la extensión de norma, esto es, de la recaudación de fondos, para su desarrollo.
Las organizaciones agrarias no están en contra de que se regule la producción, al contrario, pero de manera coordinada, con mayor incidencia en los países excedentarios y con incentivos a las explotaciones. En todo caso, defienden que también la industria y la distribución se impliquen reduciendo las importaciones de lácteos.
Medidas en el horizonte y perspectivas para los precios
La situación del mercado no invita al optimismo a corto plazo. No hay indicios de que las cotizaciones en origen vayan a recuperarse pronto. Habrá que esperar a ver si la CE acierta con las nuevas medidas que podría anunciar en julio, si el próximo Gobierno de España se vuelca con el lácteo y si la estrategia que la Xunta diseña con el sector ayuda a su fortalecimiento.
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