¿Por qué el gasóleo cuesta más aquí?
Más allá de impuestos, la dispersión geográfica y un mercado aún muy cautivo por las grandes petroleras hacen que Galicia sea de las comunidades con los carburantes más caros
-¡Puff! Esa es la pregunta del millón. A veces ni nosotros mismos somos capaces de explicarlo.
Benigno Redondo es el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Provincia de Pontevedra y además, miembro de la Federación Gallega. El primer factor que se le viene a la cabeza para responder es el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, popularmente apodado como céntimo sanitario, un gravamen que Galicia aplica en su tasa máxima (48 euros por cada mil litros, es decir 4,8 céntimos por litro)
Esa misma cantidad es la que imponen Cataluña, Castilla-La Mancha o Murcia, comunidades que en el ránking de precios con impuestos del gasóleo (combustible más consumido en España), correspondiente al mes de marzo de este año -el último elaborado por el Ministerio de Industria-, ocupan los puestos octavo, cuarto y noveno, respectivamente.
Pero el número de variables que componen el precio de los carburantes va mucho más allá del impuesto, de la cotización del crudo o del valor de cambio euro/dólar. Son tantas, a la vez que la cotización de cada una es tan variable, que resulta complicado explicar la fórmula. «Galicia es una de las comunidades donde las ventas están más cautivas. Repsol y Cepsa tienen en torno a las tres cuartas partes del mercado. Con esa cuota pueden marcar precios. Hay un seguidismo bestial por parte del resto. Los gasolineros tienen un margen de beneficio pequeño y para poder competir, la mayoría están obligados a seguirlos», apunta Gonzalo Grandes, socio y abogado experto en competencia de Ejaso, bufete especializado en hidrocarburos.
La reforma de la Ley de Hidrocarburos del 2013, aprobada en el 2015 por la Comisión de Energía del Congreso, imponía una nueva limitación a las compañías petrolíferas que controlan el mercado en muchas zonas de España. En base a ello, las petroleras que tengan una cuota de mercado de ventas (no solo de estaciones) superior al 30 % del total de una misma provincia no podrán abrir ninguna más. En Galicia, Repsol supera el porcentaje. «Tienen la limitación, pero a veces aluden a compromisos anteriores al 2013 para intentar abrir nuevas», apunta Benigno.
El tipo de gestión de las estaciones de servicio también es otro factor a tener en cuenta a la hora de entender la escasa libertad de maniobra en el manejo de precios existente en Galicia. La mayor parte de los puntos de venta que hay en la comunidad pertenecen a tres clases diferentes: aquellas en las que la propiedad y la gestión son de las petroleras; las que la propiedad es de las grandes compañías, pero están gestionadas por un tercero, y las llamadas abanderadas, propiedad de particulares o sociedades que tienen contratos de exclusividad con las petroleras. Estas últimas marcan sus precios en base al índice energético Platts, que define cada día el precio de referencia de cada producto en base a la cotización máxima del día anterior.
Mercado libre y aditivos
Junto a esos tres modelos están las estaciones de servicio independientes, que compran el carburante en el mercado libre. Repsol y Cepsa, por ejemplo, también venden sus combustibles ahí, pero los aditivos que utilizan no son los mismos que incluyen en los productos que ofrecen bajo su marca. La cotización de esos componentes añadidos en el mercado también repercute en el precio del combustible.
Para cambiar el escenario, otras petroleras como la portuguesa Galp, dominante en el país vecino, intentan ganar cuota de mercado coqueteando con algunas abanderadas históricamente ligadas a Cepsa o Repsol. Pero acabar conquistándolas no resulta tan fácil como parece, al menos a corto plazo.
¿Por qué? Aunque la ley ha limitado a doce meses los contratos de exclusividad que mantienen los propietarios particulares con las petroleras, en realidad la inversión en imagen que realizan las compañías o los adelantos que puede haber obtenido en concepto de bonificaciones hacen que, en la práctica, su compromiso trascienda ese plazo. «No puedes reformar la imagen de una estación y al año que te digan que se van. Pueden hacerlo, pero en los contratos suele poner claramente que, de hacerlo, tendrían que devolver una cantidad previamente establecida en el contrato por lo invertido», apuntan fuentes del sector.
Galicia tiene otro hándicap que incrementa el coste de la distribución. Es la dispersión geográfica. «Evidentemente no es lo mismo transportar cajas de huevos que combustible, que es un material peligroso que tiene que ser transportado con unas determinadas medidas de seguridad», dicen fuentes del sector. Pero ¿por qué hay gasolineras que teniendo la refinería al lado son más caras que otras alejadas? «El libre mercado tiene esas cosas -dicen fuentes conocedoras del sector-. El modo en el que son repercutidos los costes de distribución de una compañía se hacen de modo global para la red». Luego está la eterna ley de oferta y demanda. La capacidad de adaptar el refinado a un cambio de demanda es limitada. Por eso, en verano, cuando hay más demanda de gasolina, el precio sube.
«La comunidad gallega es una de las que tienen las ventas más cautivas, hay mucho seguidismo»
El efecto de las «low cost»
Introducir una mayor competencia en el tramo minorista promoviendo la apertura de gasolineras desatendidas, conocidas también como low cost, fue una de las recetas propuestas por la Xunta en el 2014 para abaratar el precio de los combustibles, tras analizar el informe encargado al Consello Galego da Competencia sobre el asunto. Desde entonces, algunas se han abierto. Todo pese a la polémica generada en toda España en torno a unos establecimientos que, normalmente, son de autoservicio y cuya influencia a la hora de bajar el precio no está tan clara, según defienden algunos.
El abogado experto en urbanismo del bufete Ejaso Alfredo Cerezales recuerda que actualmente hay varias comunidades donde tienen una normativa que impide la apertura de establecimientos desatendidos, obligándoles a tener, al menos, un empleado, pero «no por eso tienen el combustible más caro». Son Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y Castilla y León. Además, Madrid y Cantabria han aprobado dos propuestas no de ley que piden el establecimiento de la obligación de que tengan, al menos, un empleado
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe en agosto que criticaba las «barreras desproporcionadas» que algunas comunidades ponían a las gasolineras sin personal y recomendaba eliminar la normativa al respecto. En febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares emitió una sentencia que declaraba nulo un decreto sobre la materia. Valencia también lo anuló.
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