El 92 % de la obra pública proyectada está aún pendiente de adjudicación
El sector alerta de la inacción política y de los perjuicios a la creación de empleo.
Alerta roja en las empresas dedicadas a la obra pública en Galicia. Cubierta la primera mitad del año, la cifra inversora de las tres grandes Administraciones públicas se halla en mínimos absolutos y ha colocado a decenas de empresas al borde de la quiebra. Según los datos reunidos por la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de A Coruña (Apecco), entre el Gobierno central, el autonómico, los ayuntamientos y las cuatro diputaciones solo han adjudicado inversiones nuevas por importe de 45.719.096 euros, lo que supone el 8 % de los 571,1 millones comprometidos para el ejercicio del 2016.
La Administración que peor va es el Gobierno central, víctima de la situación política. Así, Madrid solo ha adjudicado 8,5 de los 450 millones anunciados. De hecho, el Gobierno central asume casi el 80 % de las licitaciones programadas, ya que los ayuntamientos y la Xunta solo han sacado a concurso obras por valor de 57 y 63 millones de euros, respectivamente.
Por lo que se refiere a la Xunta, a pesar de ser un año electoral -los comicios autonómicos están previstos para el próximo otoño-, solo ha resuelto concursos por importe de algo menos de 13,3 millones, a pesar de tener en espera obras por valor de más de 63,1 millones de euros.
La situación no es mucho mejor en ayuntamientos y diputaciones, donde, según la información recopilada desde Apecco, se han adjudicado nuevas actuaciones inversoras por valor de casi 24 millones de euros, algo menos de la mitad de los 57 licitados.
Esa situación ha encendido las alarmas del sector. «Además de las bajas que hay que hacer para tener alguna posibilidad de ganar un concurso, no resuelven ninguno. Nos están estrangulando y van a matar un sector clave para el que por ahora no hay recambio», advierten.
Polémica por la resolución de los concursos de los dos tramos de la autovía entre Arzúa y Palas de Rei
En medio de la polémica sobre el estrangulamiento de las empresas gallegas especializadas en el sector de la obra pública, el Ministerio de Fomento tendrá que analizar en los próximos días la propuesta elevada por la mesa de contratación sobre las ofertas presentadas para los dos tramos en los que se ha subdividido el eje Arzúa-Palas de Rei de la autovía entre Santiago y Lugo.
Son varias las empresas que han mostrado en privado su sorpresa por las calificaciones técnicas. Hasta el punto de que algunas no descartan acudir al juzgado «por si hubiera algún tipo de irregularidad».
Entre los empresarios gallegos ha causado cierta perplejidad el hecho de que la ganadora de uno de los tramos sea una UTE formada por una empresa andaluza y otra catalana -Sando y Copisa-, en la que participa también la ourensana OCA, con una baja que supera el cuarenta por ciento.
En el otro tramo, entre Melide y Palas, también hay críticas. La virtual ganadora, a expensas de la ratificación oficial, será Acciona, que se impuso en la oferta técnica con casi nueve puntos de ventaja sobre la segunda y realizó una baja del 41,75% sobre el precio de licitación, ofertando hacer la obra por 70,9 millones de euros, cuando los técnicos ministeriales estimaban un desembolso de 121,66 millones.
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